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Sábado 15 de agosto de 2020

Provincias: El oficialismo y la oposición se unieron para pedir subsidios al transporte urbano del interior

Sección
Políticas Públicas
Fecha de publicación
31 de julio de 2020

El proyecto de ampliación presupuestaria que envió Alberto Fernández el fin de semana a la Cámara de Diputados quedó empantanado por un reclamo del oficialismo y la oposición para incorporar un subsidio al transporte público del interior del país.

El planteo sorprendió al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que tenía previsto emitir dictamen, pero prefirió pedir cuarto intermedio hasta este jueves y evitar sorpresas en la sesión del viernes.

Es que después de las tres horas de debate remoto, escuchó reclamos de varios de sus compañeros de bancada, como el correntino Jorge Romero y el puntano Carlos Ponce; y el del cordobés Paulo Cassinerio, que junto a sus tres coterráneos resulta un aliado clave para que el Gobierno llegue a la mayoría.

Antes de terminar la reunión virtual pidió la palabra, dijo que en Córdoba hay un paro de 22 días de los colectiveros y pidió incorporar 17 mil millones de pesos adicionales para atender los subsidios al transporte del interior.

Solicitó 6500 para sostener los subsidios "con el mismo criterio que se aplicó en el primer semestre" y otros 4000 para compensar a las empresas de transporte del interior, "ya que están obligadas a tener la misma frecuencia, pero el distanciamiento no les permite la misma frecuencia y eso deriva en los costos".

"No queremos que haya subsidios en el gran buenos aires y préstamos en el interior del país", exigió. Ocurre que, en la exposición de este martes, el secretario de Hacienda Raúl Rigo dijo que los subsidios al transporte están contemplados en el fondo fiduciario con las provincias, que se amplió en 50 mil millones de pesos.

Cassinerio se preocupó en aclarar que ese dinero corresponde a préstamos y no a subsidios como los que recibe el transporte del área metropolitana, que está a cargo de la Nación. "Espero que podamos llegar a un acuerdo", confió antes de desconectarse. "Sólo le prometo la gestión", se atajó Heller, pero llamó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 14.30 horas, para negociar cambios con el Ejecutivo.

El riesgo que corre es que si no considera los cambios se los impongan en el recinto virtual del viernes y la ley llegue al Senado con más gastos de los previstos y Alberto Fernández esté obligado a vetar algunos artículos. La primera negociación debe ser con los propios.

El debate ya había animado una reunión de la comisión de Transporte presidida por Cano, cuando el secretario del área Gabriel Bermúdez, el segundo del ministro Mario Meoni, había anticipado que trabajaban en un método para aplicar la Sube en el interior y de ese modo federalizar los subsidios, pero no lograban que gobernadores y municipios enviaran la información y no basarían los giros de fondos en estimaciones. El conflicto no se saldó, el Gobierno lo ignoró en la ampliación presupuestaria y terminó complicando su votación.

"No puedo más que coincidir con lo que dijo Cassinerio", abrió su discurso el puntano Ponce, dirigido por Máximo Kirchner. También integra ese bloque Sergio Casas, ex gobernador de La Rioja, que pidió algunos ajustes al aporte que el proyecto contempla a su provincia por regalías mal liquidadas.

Y el correntino Romero habló casi como opositor. "No podemos dejar que las provincias arbitren los subsidios del transporte. Se cortó el aporte de 1600 millones mensuales y encima con el cambio de metodología va a demorarse la vuelta de los subsidios. Los diputados del interior recibimos muchos reclamos de la UTA y los empresarios", se le quejó a Heller, al inicio de la reunión.

nció un favortismo al gobernador Axel Kicillof en el reparto de fondos. "Buenos Aires recibió 10 veces más transferencias que el año pasado. Ninguna fue tan beneficiada. La que más recibió fue 2.5 o 3, el resto menos". Sólo salieron en defensa del Gobierno la ex gobernadora Lucía Corpacci y el rosarino Marcos Cleri, del Frente de Todos.

Recordaron que los subsidios al transporte del interior fueron eliminados en el presupuesto de 2019 y resarcidos con un fondo fiduciario que no tardó en licuarse. El radical tucumano José Cano apuntó que ese refuerzo fue gestionado por el entonces oficialismo y piden que vuelva.

La ampliación presupuestaria será de 1.859.582 millones de pesos y sumará 1.216.738 de déficit fiscal y 1.308.686 de necesidades de financiamiento, que se cubrirán en su mayoría con nueva recaudación (642.844 millones), rentas del Banco Central (1.017.738) y fuentes financieras (290.948).

No se computa el ingreso estimado por la AFIP de la moratoria (540 mil millones de pesos) y se estima que la mayor parte del gasto será para servicios sociales (592.236 millones), seguido por subsidios económicos (250.677 millones), como se conoce al financiamiento a los servicios públicos como luz, gas y transporte del área metropolitana.

También hay 170 mil millones para el ingreso familiar por emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP), 130 mil para asignaciones familiares, 78 mil para desarrollo Social, 63 mil para Educación, 51 mil para Salud.

La unanimidad en la pelea por los subsidios eclipsó los reclamos que le habían planteado a Rigo los diputados de Cambiemos y no quedaron saldadas: el impacto del impuesto a la leche en el precio final y la facultad para canjear deuda en dólares por pesos o emitir nuevos títulos locales.

Heller leyó un descargo sobre el aumento del IVA a la la leche común, que pasará de estar exenta al 10.5%; y se complementa con una baja del 21 a ese porcentaje de las fluidas o aditivas, que según la secretaría de comercio interior son la más vendidas.

Con los apuntes de la Rosada, Heller sostuvo que la modificación no tendría que incidir en el precio porque los comerciantes acumularon crédito fiscal cuando entre agosto y diciembre los productos básicos quedaron exentos de IVA y no tiene porqué descargarlo en las góndolas.

"Tienen que permitir compensar el crédito fiscal sin trasladarlo al eslabón subsiguiente, porque todos sabemos qué pasará en los comercios de barrio", sugirió el radical Ricardo Buryaile.

"Los autoservicios tendrán dos opciones: o absorben el impuesto lo cargan al consumidor final, que es para lo que está diseñado el IVA", lo siguió su correligionario Luis Pastori. "Yo participé de proyectos políticos que quisieron bajar el IVA y no resultó, porque los precios son inflexibles a la baja y flexibles al alta", coincidió Jorge Sarghini, del interbloque federal, también molesto por el canje de deuda que esconde el proyecto en los artículos 7 y 8.

El primero permite emitir 1500 millones de dólares para intercambiarlo por títulos en pesos a corto plazo; y el otro habilita que futuras suscripciones de títulos públicos denominados en pesos "se puedan realizar con instrumentos de deuda pública denominados en igual moneda".

"Esto no sirve, creo que las complicaciones en las negociaciones con los bonistas del exterior tienen que ver con este proyecto", sostuvo Sarghini. Laspina fue más duro: "Sostienen que esta es una salida para los inversores. ¿Para cuáles? ¿Para Pimco y Templeton? ¿O para Juan Pérez?", preguntó, en alusión a los dos fondos de inversión que compraban bonos argentinos que emitía el ex ministro de Finanzas Luis Caputo.

Por si fuera poco, el proyecto no considera estas operaciones como canje de deuda sino como "administración de pasivos", para de ese modo excusarse de cumplir con el artículo 65 de la ley de administración financiera, que en esos casos obliga a mejorar plazos de pago, tasas o monto.

"Nosotros quisimos cambiarlo en 2019 para que las operaciones se justifiquen por cuestiones mercado y no pudimos. Ahora le estamos dando superpoderes en la administración de la deuda al Gobierno", se quejó el rosarino. No le contestaron.

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