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Sábado 17 de noviembre de 2018

Tucumán: Las contradicciones de la venta de acciones del Banco provincial

Sección
Políticas Públicas
Fecha de publicación
9 de julio de 2018

La provincia se desprendió de su principal entidad financiera para reforzar Seguridad y la empresa de distribución y tratamiento de aguas. Dudas sobre el monto de la venta y el destino del dinero obtenido.

El Gobierno de Tucumán se hizo este miércoles por la tarde de $456.462 millones por la venta de sus acciones en el Banco del Tucumán ?un 10%? al Grupo Macro. De esta forma, la provincia se desprende de su principal agente financiero, a través del cual abona los salarios de toda la administración pública.

El proyecto de ley enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, y que lleva la firma del gobernador Juan Luis Manzur, obtuvo el visto bueno luego de contabilizar 40 votos a favor y 6 en contra. Silvio Bellomio, Adela Terraf, Luis Brodersen, Alberto Colombres Garmendia, Eudoro Aráoz y José Canelada rechazaron la iniciativa al considerarla “poco clara”.

Luego de la venta de sus acciones, el gobierno provincial pagará un canon más caro del que abonaba como socio. El monto aumenta de $8.500.000 a $10.500.000, cifra que se mantendrá por 10 años luego de que el Poder Ejecutivo decidiera renovar el vínculo con la Provincia, pese a que el convenio vencía 2021.

No es la primera vez que el gobierno provincial favorece al ahora ex Banco del Tucumán. En 2008, durante el gobierno de José Alperovich, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a trasferir 13 inmuebles al Baco Macro, dejando de percibir rentas mensuales por el alquiler de los mismos. Aquella ley, la 8.096, lleva las firmas de Armando Cortalezzi, Carolina Vargas Aignasse, Regino Amado y Beatriz Ávila, entre otros.

Algunas contradicciones de la venta de acciones provinciales

1. El cálculo del monto de venta es poco claro. Según reclamó el legislador Silvio Bellomio a eltucumano.com, el ministro de Economía de la Provincia, Eduardo Garvich, reveló una ecuación cuyo producto que no pudo aclarar. Los $456.462 millones obtenidos de la venta de acciones se obtienen del resultado de la división del 10% de los títulos pertenecientes al gobierno provincial por el patrimonio del Banco del Tucumán, multiplicado por el 2,5 del valor de los libros patrimoniales de la entidad al 31 de diciembre pasado. Esta última cifra ?según el legislador? no tiene un fundamento claro.

2. La venta de las acciones del gobierno provincial se realizan mediante una ley elaborada por el Poder Ejecutivo, a pesar de que el artículo 63 de la Ley de Administración Financiera establece que cualquier venta o contratación debe realizarse mediante licitación pública. De igual forma se hace caso omiso del artículo 12 de la Constitución provincial, que indica que todo contrato o enajenación de bienes debe ejecutarse por vía licitatoria.

3. Al desprenderse de su parte accionaria, la Provincia pagará un canon más caro por los servicios financieros prestados por la entidad bancaria. De $8.500.000 anuales pasará a $10.500.000. Además, el banco continuará manejando los dineros de los empleados públicos y haciendo usufructo de éstos.

4. El gobierno provincial renueva un acuerdo que debía tratarse recién en 2021, con otra administración gubernamental. Se otorgó al Banco del Tucumán el control de las cuentas de empleados públicos de la provincia por una década más.

5. El principal fundamento del gobierno provincial para ejecutar la venta es que las ganancias obtenidas por la participación en la entidad financiera no eran relevantes la Provincia. Según el informe del Poder Ejecutivo, entre 2007 y 2015 se percibieron $92 millones en concepto de distribución de dividendos. Sin embargo, no se aclara el monto del capital social.

6. Desde el Poder Ejecutivo también indicaron que el dinero obtenido de la venta de acciones será destinado al área de Seguridad y para solventar el pago de fondos no reintegrables a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). En marzo de este año, el nuevo titular de la firma, Fernando Baratelli, adelantó que se precisaban alrededor de 1.000 millones de dólares para regularizar el servicio sólo en la capital, monto muy superior al obtenido por la venta de las acciones. Tampoco se precisó cuánto se destinaría para combatir la inseguridad ni cómo ni en qué se gastará.

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