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Jueves 21 de septiembre de 2017

Misiones: El régimen de Ingresos Brutos

Sección
Integración
Fecha
11 de septiembre de 2017

Laura Karschenboim

En este trabajo se analiza el contenido normativo del Decreto 2931/2007 de la Provincia de Misiones que instruyó a la Dirección General de Rentas para que proceda a establecer un régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el cual se concretó a través del dictado de la RG 56/2007 y sus modificaciones.

Mediante el Decreto 2931/2007 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Misiones instruyó a la Dirección General de Rentas para que, de conformidad con las normas del Código Fiscal, proceda a instituir un régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Entre los considerandos del Decreto mencionado se pueden extraer las siguientes ideas:

- Que el sistema de percepción en la fuente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se implementa a los efectos de permitir a la Provincia de Misiones recaudar en tiempo oportuno así como mejorar el control en determinados sectores de lo economía con elevada tasa de evasión tributaria y alto grado de incumplimiento de los deberes formales y sustanciales a cargo de los sujetos pasivos;

- Que el objetivo del régimen consiste en coadyuvar a la consecución del objetivo de disminuir o erradicar circuitos marginales en la compra y venta de bienes y prestación de servicios;

- Que la realidad económica local exige la adopción de medidas que tiendan a morigerar y disminuir la evasión fiscal del sector dedicado al desarrollo o explotación en jurisdicción de la Provincia de Misiones de actividades relacionadas con la comercialización de productos y/o mercaderías;

- Que en virtud de las modalidades comerciales que se llevan a cabo por la especial ubicación geográfica de la Provincia de Misiones, que limita casi en toda su extensión con las Repúblicas del Paraguay y Federativa del Brasil, resulta oportuno tomar los recaudos necesarios a fin de asegurar la percepción de dicho impuesto en el instante previo al ingreso al territorio provincial de los productos y/o mercaderías con destino a comercialización.

Así se estableció a través de la Resolución General 56/2007 (y sus modificatorias y complementarias RG 5/2008, RG 10/2013, RG 40/2014 y RG 14/2017) "un Régimen de Pago a Cuenta de los Anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto a los productos o mercaderías que ingresen a la Provincia de Misiones, por cualquier medio, para su compraventa, o remisiones entre fábricas o sucursales, o entregas en depósito o en consignación así como con relación a la prestación del servicio de transporte de cargas" con origen en aquella Provincia (art. 1).

En el mentado régimen se encuentran comprendidas las operaciones llevadas a cabo por los contribuyentes y/o responsables que ejerzan actividad en la jurisdicción de Misiones, que deberán abonar el anticipo del impuesto "por toda introducción por cualquier medio de transporte y a cualquier título de (i) productos y/o mercaderías en general; y (ii) por la prestación del servicio de flete con origen de la carga en jurisdicción de Misiones. Se entenderá que actúa como introductor de los productos y/o mercaderías aquella persona física o jurídica que emita la documentación que respalda el traslado de las cargas y/o que figure como remitente de los mismos" (art. 3).

Especifica la RG que "el anticipo deberá ingresarse mediante la utilización del formulario SR 341 mediante depósito en el Banco Macro S.A. o en la entidad que en el futuro actúe como agente financiero de la Provincia, de cualquier sucursal del país o bien en el Puesto de Control que posee o establezca la Dirección en cada punto estratégico de la Provincia. ()" (art. 8).

Una vez ingresado el pago del anticipo, el mismo deberá ser acreditado ante los funcionarios del organismo provincial en los puestos de control ubicados en: (i) Centinela: RN N° 14, km 785, San José, (ii) El Arco: RN N° 12, km 1326, Posadas, (iii) Estación Apóstoles: San Martín N° 2751, Apóstoles, y (iv) Azara: RP N° 2, km 1, Azara. En efecto, la RG dispone que "el transportista de la mercadería a los fines de acreditar el ingreso bancario del pago a cuenta correspondiente a los productos y/o mercaderías transportadas o al servicio de transporte, deberá entregar al personal de la Dirección constituido en el Puesto de Control, el triplicado y cuadriplicado del formulario SR 341, quedando el original de dicho formulario para el contribuyente y el duplicado para el Banco" (art. 9).

Asimismo, los sujetos que transporten productos y/o mercaderías, deberán presentar ante los funcionarios del Puesto de Control: "a) la documentación relativa al medio de transporte, al propietario del mismo y a la persona que realiza el mismo; (b) factura, remito, carta de porte u otra documentación que corresponda conforme al régimen de emisión de comprobantes y traslado de mercaderías establecido por la AFIP-DGI, mediante Resolución General 1415, complementarias, modificatorias o sustitutivas; c) documentación correspondiente al servicio de flete; d) ticket de balanza o comprobante similar cuando se trate de productos cuyo transporte se mide en función del peso de la carga; y e) otra documentación que pueda corresponder según los casos que se presenten, vinculada a la identificación de los datos completos del sujeto responsable -remitente, vendedor, etc.- , del medio de transporte de la carga, del destinatario, actos y operaciones relacionados a los hechos imponibles, etc." (art. 12). Dicha documentación será intervenida por el funcionario actuante, y la falta de la misma implica el incumplimiento del art. 49, inc. c) del Código Fiscal, siendo el sujeto pasible de las sanciones de multa, clausura y comiso previstos en el citado ordenamiento legal. (1)

El importe abonado en concepto de anticipos tendrá para los contribuyentes o responsables el carácter de pago a cuenta. El mismo será computado en el anticipo mensual del período en el cual se haya efectuado el pago (art. 13).

La RG 5/2008 estableció una serie de excepciones a los efectos de no aplicar el régimen, incorporando el tercer párrafo al art. 18 de la RG 56/2007, estableciendo que "no deberá efectuarse el pago del anticipo cuando el destinatario de la carga se encuentre registrado ante la Dirección General de Rentas y actúe como Agente de Retención del Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos bajo el régimen de la R.G. N° 03/93-DGR y sus modificatorias, siempre que el responsable por deuda ajena informe a la Dirección General de Rentas la nómina de proveedores debidamente identificados".

Recientemente, se han introducido modificaciones al régimen mediante la RG 14/2017, que a fin de sistematizar la presentación de la Declaración Jurada informativa establecida por el art. 18 de la RG 56/2007 y optimizar el control en los datos informados por el agente, reglamentándose los aspectos operativos y sustanciales de aplicación. Dicha declaración se presentará de forma anual, ingresando al sitio web del organismo provincial.

Posibilidad de solicitar la exclusión del régimen por acumulación de saldos a favor

Mediante la RG 5/2008, se incorporó a continuación del último párrafo del art. 11 de la RG 56/2007, la exclusión provisoria del régimen por la acumulación de saldos a favor. Así el art. 8 de la RG 5/2008 dispuso que "Cuando la aplicación del presente régimen origine sucesivos saldos a favor, los contribuyentes podrán solicitar su exclusión temporal, para lo cual deberán presentar una solicitud informando monto y períodos en los cuales se han originado los saldos acreedores para el contribuyente y la Dirección dispondrá su exclusión provisoria previa verificación de la situación fiscal del peticionante. La Dirección podrá disponer la exclusión del presente régimen cuando los contribuyentes destinatarios de los bienes acrediten estar registrados como agente de retención y/o percepción del impuesto bajo cualquier régimen -excepto R.G. 03/93 y modificatorias-, en cada caso particular, previa solicitud del responsable por deuda ajena".

A través de la RG 40/2014, se estableció el procedimiento a los efectos de solicitar dicha exclusión total o parcial del régimen. La RG 40/2014 en su art. 3 detalla una serie de requisitos que deben cumplir los interesados que deberán acreditar ante la Dirección como: a) apellido y nombre o razón social, b) número de CUIT, c) actividades que desarrolla, d) monto total de las operaciones, con igual o distinto tratamiento impositivo, efectuadas durante los últimos 6 meses anteriores a la presentación, e) detalle de los pagos a cuenta realizados por igual período, y f) la proyección para los 6 meses inmediatos siguientes al mes de la presentación de los importes comprendidos en los incisos d) y e). La información requerida deberá ser suscripta por Contador Público, con firma certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones.

Una vez que el contribuyente presenta la nota ante la Dirección de Rentas junto con la documentación requerida, se forma un expediente que será remitido al Departamento de Fiscalización Interna a los efectos de realizar una inspección a fin de verificar que el sujeto no registre deudas. Luego el expediente será remitido al Departamento de Control de Ruta a fin de que sea analizado el origen de los saldos a favor y, por ende, la procedencia o no de la exclusión solicitada. Una práctica habitual de dicho Departamento consiste en enviar dos correos electrónicos al contribuyente. El primero será para informar cuándo el expediente ha vuelto del Departamento de Fiscalización Interna, ya que a partir de allí se deberá computar un plazo de entre 90 y 120 días hábiles a los efectos de que se dicte la correspondiente resolución. A través del segundo correo electrónico, y a modo de adelanto, se remitirá la resolución definitiva.

Planteos sobre la inconstitucionalidad del Decreto 2913/2007 y de la RG 56/2007

A continuación se analizarán tres casos en donde los contribuyentes han planteado la inconstitucionalidad del mentado régimen que fueron remitidos a la Procuración General de la Nación a los efectos de que se expida sobre la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cabe destacar que lo llamativo e interesante del comentario es cuestión radica en que la Procuradora ha decidido en dos de los casos con fecha 13/3/2017, "Akapol" (2) y "Yamaha Motor Argentina" (3), que la causa no correspondía a la competencia originaria de la Corte, mientras que en la restante, "Loma Negra Compañía Industrial Argentina" (4), decidió el 4/4/2017 que el planteamiento efectuado por el contribuyente revestía un manifiesto contenido federal, y por lo tanto, correspondía a la competencia originara de nuestro Máximo Tribunal. Veamos las particularidades de cada caso en particular.

1. "Akapol" y "Yamaha Motor Argentina"

Ambos contribuyentes promovieron una acción declarativa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de Posadas, Misiones, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 del Decreto 2913/2007 y de las RG 1/2008 y 5/2007, por considerar que tales disposiciones resultan violatorias de lo dispuesto en los arts. 4, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 28, 31, 33, 75, incs. 1, 10, 13, 18 y 19, y 126 de la Constitución Nacional. Asimismo, solicitaron la concesión de una medida cautelar a los efectos de que se le ordene a la Provincia de Misiones que se abstenga de exigir el ingreso del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta que recaiga sentencia definitiva.

Surge del dictamen de "Akapol" que el contribuyente consideró que la pretensión tributaria resulta violatoria de diversos derechos y garantías constitucionales, tales como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, interfiere en la regulación del comercio interjurisdiccional e importa, al mismo tiempo, la creación de una verdadera aduana interior.

Agrega la parte actora que mediante el Decreto 2913/2007 el Poder Ejecutivo local delegó en la Dirección General de Rentas la facultad de modificar el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo cual importa una violación al principio de legalidad en materia tributaria. Y por su parte, la Dirección General de Rentas, en franca contradicción con la Constitución Nacional, dictó la RG 56/2007, que transformó el hecho imponible del impuesto en cuestión y creó una nueva hipótesis de incidencia.

El Juzgado Federal de Misiones se declaró incompetente y remitió los autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y así se arriba al dictamen objeto de análisis, en donde la Procuradora consideró que la cuestión constitucional invocada no reviste un manifiesto contenido federal, por lo que no resulta apta para surtir la competencia originaria de la Corte.

Precisa que Akapol "cuestiona diversas normas de la Provincia de Misiones, que revisten el carácter de actos locales, por las que se estableció y reguló un régimen de pago a cuenta en el impuesto sobre los ingresos brutos en tanto, con sustento en ellas, la demandada exige el pago del anticipo del tributo y la exhibición del comprobante respectivo como condición para ingresar en la jurisdicción demandada los productos que elabora en otra, por considerar que dicha conducta, por un lado, avanza sobre la atribución exclusiva que la Constitución Nacional otorga a la Nación en materia de comercio interjurisdiccional e implica la creación de una aduana interior (arts. 9, 10, 11, 11, 75, inc. 13 y 126) y, por el otro, debido a la afectación de distintos derechos y garantías constitucionales tales como -entre otros- los de igualdad, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, trabajar u de ejercer industria lícita, circunstancia que pone en evidencia que la materia del pleito no es exclusivamente federal, sino que involucra un planteamiento conjunto de una cuestión local con otra de orden federal (Fallos: 331:2562)".

En consecuencia, consideró que la causa debe continuar su trámite ante los órganos judicial es locales.

En el caso de "Yamaha Motor Argentina", la Procuradora remitió a lo decidido en "Akapol" por resultar las cuestiones debatidas sustancialmente análogas.

2."Loma Negra Compañía Industrial Argentina"

A diferencia de las dos causas desarrolladas ut supra, en este caso el contribuyente promovió una acción declarativa en instancia originaria de la Corte, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 2913/2007 y de la RG 56/2007. Asimismo, solicitó la concesión de una medida cautelar a los efectos de que se le ordene a la Provincia de Misiones que, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, se abstenga de: (i) exigir el pago a cuenta del anticipo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o dl cumplimiento del cualquier otro deber formal o material vinculado a los preceptos impugnados; (ii) adoptar cualquier medida que en forma directa o indirecta impida la introducción en la Provincia de Misiones de los productos fabricados y comercializados por el contribuyente ni aplicarles las sanciones previstas en el ordenamiento; (iii) obstaculizar de cualquier modo su actividad.

Del dictamen de la Procuradora de fecha 4/4/2017 surge que el contribuyente considera que la legislación provincial que cuestiona constituye una barrera para la libre circulación de mercaderías en el territorio nacional, lo que vulnera el art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional. Asimismo, destaca que "el pago a cuenta establecido actúa como un derecho de paso y constituye una aduana interior por medio de la cual se condiciona el ingreso o egreso de los bienes al cumplimiento del Régimen y al pago del gravamen allí establecido, todo lo cual se encuentra expresamente vedado por la Constitución Nacional en sus artículo 9, 10, 11, 75 incisos 1 y 10, y art. 126".

La Procuradora concluye que el planteamiento del contribuyente reviste un manifiesto contenido federal, toda vez que, "según se desprende de los términos de la demanda () el actora cuestiona diversas normas provinciales, en cuanto exigen el pago del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos como condición para ingresar a Misiones los productos que elabora en otra jurisdicción () por considerarlas violatorias de lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, 75, incs. 1, 10 y 13, y art. 26 de la Constitución Nacional". Señala que, "aunque la actora dirige la acción de inconstitucionalidad contra normas locales, se advierte que tal pretensión exige -esencial e ineludiblemente- dilucidar si lo dispuesto en ellas interfiere en el ámbito que les es propio a la Nación en lo relacionado con la regulación del comercio interjurisdiccional () y al establecimiento de aduanas interiores".

De esta forma se concluye en el Dictamen que cabe asignarle un manifiesto contenido federal a la materia del pleito y, en consecuencia, el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.

Algunas reflexiones

Si bien la RG 56/2007 otorga la posibilidad de obtener exclusiones temporales para evitar el pago del adelanto de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ante la acumulación de saldos a favor, la interposición de una acción declarativa en instancia originaria de la Corte, en el marco de la cual se solicite la concesión de una medida cautelar a los efectos de suspender el mentado régimen hasta tanto recaiga sentencia definitiva, resulta a todas luces una herramienta sumamente útil para los contribuyentes afectados.

Del análisis de los casos que llegaron a nuestro Máximo Tribunal, se podría deducir a priori que lo dictaminado por la Procuradora en "Akapol" y "Yamaha" en contraste con lo resuelto en "Loma Negra", indicaría que en el exiguo plazo de un mes modificó el criterio para opinar sobre la competencia de la Corte.

Sin embargo, la decisión de la Procuración no ha sido caprichosa. En "Akapol" enfatizó que se plantearon cuestiones que ponían en evidencia "que la materia del pleito no es exclusivamente federal, sino que involucra un planteamiento conjunto de una cuestión local con otra de orden federal (Fallos: 331:2562)". En efecto, de la lectura del dictamen surge que el contribuyente invoca la violación del principio de legalidad en materia tributaria, toda vez que mediante el Decreto 2913/2007 el Poder Ejecutivo local delegó en la Dirección General de Rentas la facultad de modificar el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, agregando que la Dirección General de Rentas dictó la RG 56/2007, que transformó el hecho imponible del mentado impuesto creando una nueva hipótesis de incidencia. Claramente tales planteos no configuran una cuestión de manifiesto contenido federal, y seguramente la Corte se pronuncie en ese sentido.

A mayor abundamiento, no existen dudas respecto a que la interposición de la acción deberá hacerse ante la instancia originaria de la Corte en lugar de impetrar la demanda ante los estrados de la justicia federal de la Provincia de Misiones. Y si bien a "la Dirección General de Rentas provincial, que es una entidad autárquica en el orden administrativo, financiero y operativo, le incumben las "funciones referentes a la recaudación, fiscalización, determinación, aplicación de sanciones, devolución de impuestos, tasas y contribuciones" establecidos por "la provincia de Misiones" (), y cuyo destino () es el tesoro provincial" (5), la Provincia resulta en este tipo de planteos una parte nominal y sustancial.

De esta forma, se puede afirmar sin hesitación que dicha Provincia es la acreedora y destinataria de la obligación impositiva consistente en pagar el adelanto de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de aquellos sujetos que ingresen mercaderías a esa jurisdicción, debido a que provee los gastos de su gestión con los fondos del tesoro provincial que se integra con el producido de las contribuciones permanentes y transitorias que la Legislatura establece (6). En consecuencia, "como el objeto de la pretensión se vincula con la potestad y la obligación tributaria, que son aspectos que exceden los inherentes a la función de recaudación asignada al órgano de la administración fiscal, cabe concluir que la provincia () tiene interés directo en el pleito, y que debe reconocérsele el carácter de parte sustancial, sin perjuicio de la autarquía que posee la Dirección General de Rentas local, en su referida condición de órgano de recaudación de los impuestos, tasa y contribuciones establecidos en las normas impositivas provinciales". (7). Por todo lo expuesto, se considera que hubiese sido una mejor opción para Akapol y para Yamaha interponer la demanda respectiva ante la Corte en su instancia originaria.

Ahora bien, volviendo a la normativa que fuera objeto de análisis, surge de los considerandos del Decreto 2913/2007 "que para el cumplimiento de las funciones que la Constitución de Misiones confiere al Poder Ejecutivo, debe recordarse el pensamiento de Juan Bautista Alberdi: "Sin rentas no hay gobierno"". El Decreto hace alusión a una de las ideas centrales plasmadas en la Introducción de la obra de Alberdi "Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853", en donde sostiene que "Sin rentas no hay gobierno; sin gobierno, sin población, sin capitales, no hay Estado".

Resulta cuanto menos llamativo que el gobierno de la Provincia de Misiones haya optado por citar a Juan Bautista Alberdi, quien en su libro fue tan contundente al ponderar el carácter económico de la Aduana según la Constitución. En efecto, sostuvo que "los art. 9, 10, 11 y 12, según los cuales no hay más aduanas que las nacionales, quedando libre de todo derecho el tránsito y circulación interna terrestre y marítima, hacen inconstitucional en lo futuro toda contribución provincial, en que con el nombre de arbitrio o cualquier disfraz municipal se pretenda restablecer las aduanas interiores abolidas para fomentar la población de las provincias por el comercio libre". (8)

Continúa en su obra preguntándose acerca de "¿Qué es la aduana en el sentido de la Constitución argentina? Sus palabras textuales lo declaran: Un derecho de importación y exportación es decir, Un impuesto, una contribución, cuyo producto concurre a la formación del Tesoro, destinado al sostenimiento de los gastos de la Nación. (Art. 4 y 64).

Fuera de ese rol y carácter, la aduana no tiene otro en las rentas argentinas.

Luego ninguna ley de aduanas, orgánica de la Constitución en ese punto, puede hacer de la aduana un medio de protección, ni mucho menos de exclusión y prohibición, sin alterar y contravenir al tenor expreso de la Constitución. ()

Conciliando siempre la aduana con la libertad necesaria a la población, la Constitución ha declarado por su art. 9, que no había más aduanas que las nacionales.

Y como garantías derivadas y complementarias de la libertad de navegar y comerciar, de entrar y transitar el territorio, acordada a todos los habitantes por el art. 14, la Constitución establece por su art. 10, que en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachados en las aduanas exteriores.

Los artículos (dice el art. 11 de la Constitución) de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten, y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio. ()

Por esos artículos de la Constitución, la aduana interior o provincial no puede existir en la Confederación argentina, ni como impuesto, ni mucho menos como prohibición o protección, ni como derecho o arbitrio municipal, ni bajo cualquier otra denominación, que encubra un derecho aduanero, como deja entender claramente el art. 11 de la Constitución". (9)

Cabe entonces preguntarse cómo la Provincia de Misiones pretende recaudar impuestos y combatir la evasión bajo una Constitución Nacional que prohíbe contundentemente la existencia de aduanas interiores y promueve la libertad del comercio interjurisdiccional. Así se concluye enfáticamente que la RG 56/2007 deviene inconstitucional.

Citando nuevamente a Juan Bautista Alberdi, no hay mejor forma de describir el efecto que podría causar el hecho de que el régimen instaurado por la Provincia de Misiones (10) fuera replicado en otras jurisdicciones: "la existencia de una Aduana interior o de provincia, es el síndrome de un desquicio administrativo completo y absoluto. Haciendo de todo punto imposible el comercio, anonada el agente más poderoso de población, de cultura y de libertad para estos países: la aduana interior es una arma de atraso y de barbarie". (11)

(1) Cabe aclarar que el art. 49, actual art. 51 del Código Fiscal, dispone que "Serán sancionados con multa de pesos trescientos ($ 300) a pesos treinta mil ($ 30.000) y clausura de tres (3) a diez (10) días del establecimiento, local, oficina, puesto de venta, recinto comercial, industrial, agropecuario, forestal, mineral o de prestación de servicios, siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que se trate exceda de pesos diez ($ 10), quienes: () c) encarguen o transporten con fines comerciales mercaderías, aunque no fueren de su propiedad, sin el respaldo documental que exige la Dirección General de Rentas".

(2) "Akapol S.A. c/ Misiones, Provincia de - Dirección General de Rentas - s/ acción declarativa (art. 322 Cod. Procesal)", FPO 4067/2016/CS1.

(3) "Yamaha Motor Argentina S.A. c/ Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones y otro s/ acción meramente declarativa de derecho", FPO 6629/2016/CS1.

(4) "Loma Negra Compañía Industrial, Argentina, Sociedad Anónima c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", CSJ 2240/2016.

(5) "Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros s/ acción de repetición y declarativa de inconstitucionalidad", considerando 8), CSJ A.2103.XLII., 9/6/2009.

(6) Cnfr. "Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros s/ acción de repetición y declarativa de inconstitucionalidad", CSJ A.2103.XLII., 9/6/2009.

(7) "Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros s/ acción de repetición y declarativa de inconstitucionalidad", considerando 9), CSJ A.2103.XLII., 9/6/2009.

(8) Alberdi, Juan Bautista, "Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853", Grupo Editorial Planeta SAIC, publicado bajo el sello EMCE, Buenos Aires, primera edición, 2010, pág. 81.

(9) Alberdi, Juan Bautista, "Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853", Grupo Editorial Planeta SAIC, publicado bajo el sello EMCE, Buenos Aires, primera edición, 2010, págs. 163 y 164.

(10) Mediante la RG 1476/2017 la Provincia de Jujuy creó un régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos muy similar al que opera en la Provincia de Misiones.

De esta forma se estableció como medida de política fiscal un "Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los productos y/o mercaderías que ingresen y/o egresen a la Provincia de Jujuy o se trasladen dentro de ella, por cualquier medio, para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, y/o entregas en depósito o en consignación" (art.1).

Establece la RG que el pago a cuenta deberá acreditarse en el Puesto de Control Fiscal al momento en que la carga atraviese alguno ellos, debiéndose exhibir los formularios de declaración jurada y el del pago correspondiente (art. 6).

Al igual que el régimen que opera en la Provincia de Misiones, en este caso los contribuyentes podrán solicitar su exclusión temporal cuando se originen sucesivos saldos a favor. Deberán presentar una solicitud informando monto y períodos en los cuales se han originado los saldos acreedores para el contribuyente, pudiendo la Dirección disponer su exclusión provisoria previa verificación de la situación fiscal del peticionante. A tal efecto, los interesados deberán presentar ante la Dirección nota simple, en original y duplicado, en la que consignarán: a) Apellido y Nombres o Razón Social; b) Número de C.U.I.T.; c) Actividades que desarrolla; d) Monto total de operaciones, con igual o distinto tratamiento impositivo, efectuadas durante los últimos 6 (seis) meses anteriores a la presentación; e) Detalle de los pagos a cuenta realizados por igual período (art. 11).

Una de las particularidades del mentado régimen consiste en que los productos y/o mercaderías sujetos al pago a cuenta se encuentran detallados en el ANEXO I (1. Ganado en Pie; 2. Carne vacuna faenada y sus subproductos; 3. Carne porcina faenada y sus subproductos; 4. Pollo faenado y sus subproductos; 5. Pescados; 6. Verduras; 7. Frutas; 8. Otros productos e insumos alimenticios: harinas, huevos; 9. Todo tipo de mercadería que provenga de ferias mayoristas o predios de similares características).

Si bien la normativa entró en vigencia recientemente, no se descarta la posibilidad de que existan causas en trámite o que en un futuro se inicien planteos acerca de la inconstitucionalidad del régimen del adelanto de anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido por la Provincia de Jujuy.

(11) Alberdi, Juan Bautista, "Elementos del derecho público provincial para la República Argentina", Imprenta del Mercurio, 1853, pág. 22.

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